Las limitaciones al autoconsumo contradicen la ley de eficiencia de edificios, según JGB

Las limitaciones al autoconsumo mediante el nuevo peaje de respaldo incluido en el borrador del real decreto sobre esta actividad elaborado por el Ministerio de Industria entran en contradicción con la reciente ley 8/2013, en la que se desarrolla la rehabilitación energética de edificios como un factor de reactivación económica y de creación de empleo. Esta es una de las conclusiones del análisis acerca de la nueva legislación sobre rehabilitación energética realizado por la Oficina de Javier García Breva (JGB). "Este objetivo que se ha planteado el Ministerio de Fomento a través de esta ley se contradice por completo con la normativa que está tramitando actualmente el Ministerio de Industria", asegura el propio García Breva. Para el también presidente de N2E, el borrador de autoconsumo incluye un incremento en los peajes del término de potencia y una rebaja de la parte variable que "desincentiva cualquier política de ahorro de energía y deja sin viabilidad económica a la generación de energía en los propios edificios". La regulación española será, una vez aprobada, "la más restrictiva que existe en el mundo", añade. En todo caso, la ley 8/2013 de rehabilitación urbana prioriza a juicio de García Breva las energías renovables y combate la pobreza energética, al tiempo que se plantea como objetivo la reactivación económica del sector de la construcción mediante el uso racional de la energía. El experto en regulación considera que la norma de rehabilitación puede ser capaz de impulsar "un nuevo modelo de ciudad donde el uso de la energía se configura como un factor prioritario en el desarrollo urbanístico". Para defender esta idea, indica que en su artículo tres la norma establece que uno de los fines de las políticas públicas para el medio urbano será priorizar las energías renovables frente a los combustibles fósiles y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la energía y del ahorro energético. Además, considera que la certificación energética será una de las claves que determinen los Informes de Evaluación de los edificios. Las comunidades autónomas y ayuntamientos podrán exigir la ejecución de sus recomendaciones y hacerlas obligatorias a todos los edificios aplicando el régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley. García Breva también recuerda que los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020 obligan a destinar el 20% de los fondos del FEDER a financiar proyectos de eficiencia energética. Estos recursos más los procedentes de los Programas Horizon 2020 y Energía Inteligente pueden permitir que España acceda en los próximos siete años a 4.000 millones de euros destinados a financiar proyectos de eficiencia energética. fuente: europapress.es